Crisis gerencial en Petroecuador.

En los últimos 17 meses han pasado por la gerencia de Petroecuador tres funcionarios. Ellos fueron Gonzalo Maldonado, Pablo Luna e Ítalo Cedeño. Este último fue cesado por el presidente Guillermo Lasso el pasado lunes 1 de agosto de 2022. El pedido se produjo por la influencia de su esposa en el nombramiento y destitución de servidores en la empresa pública.

A estos nombres se puede agregar Pablo Flores y Ricardo Merino quienes han tenido un paso fugaz en la gerencia de Petroecuador. Algunas de estas desvinculaciones han estado involucradas en presuntos actos de corrupción. Como muestra, es el caso de Pablo Flores quien fue procesado por sobornos en el caso de Las Torres. Así mismo, la designación de Ítalo Cedeño fue cuestionado por el asambleísta Fernando Villavicencio, que señalo lo siguiente: “Cedeño estuvo vinculado al negocio de Palo Azul (Petrobras). La petrolera brasileña estuvo envuelta en actos de corrupción desde 2015.

Tras la renuncia de Ítalo Cedeño, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez señalo que “Ítalo se equivocó, y yo creo que todos los funcionarios somos responsables de lo que decimos. Esto después que Cedeño admitiera en el medio digital La Posta, que recibía sugerencias de su esposa para ocupar cargos en Petroecuador.

Esta crisis gerencial genera una incertidumbre entre los inversionistas que estuvieran interesados en el sector hidrocarburífero. Para Miguel Robalino, analista petrolero, “los inversionistas valoran el riesgo reputacional: es decir, se analiza con quiénes se realizan los negocios. Y no van a querer llegar al país si existe esta inestabilidad.

Cabe recordar ante lo sucedido que el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, a través de su cuenta Twitter menciono lo siguiente: “Soy enfático en indicar que ningún funcionario del entorno inmediato de presidente tiene nada que ver con los casos de corrupción que se han destapado estos días”. Sin embargo, en los casi 15 meses que lleva el gobierno de Guillermo Lasso, su gobierno ha sido señalado por al menos tres actos de corrupción: Caso Danubio, Ministerio de Agricultura, y recientemente, Petroecuador.

Para las gestiones irregulares de cargos públicos existe sanciones. El articulo 285 del Código Integral Penal (COIP) establece el tráfico de influencias, un delito que se configura cuando funcionarios públicos actúen en virtud de una potestad estatal aprovechan su cargo, relación personal y jerarquía para influenciar sobre otra persona. La sanción es de una pena de libertad de tres a cinco años.